Esto fue lo que salió y acá abajo lo que debió salir. En granate va lo que fue omitido.
Señor director:
Dada la permanente cobertura con que su medio ha abordado la situación del Diario La Nación, me gustaría hacer algunas consideraciones. Nadie pone en duda el rol de independencia que debe tener la prensa en toda democracia y nos alegra que en sus páginas defienda ese principio, pero no veo relación con la afirmación que se hizo en la editorial del 14 de mayo: "lo natural es que los medios no sean estatales, porque en esas manos enfrentan el riesgo de que la autoridad ceda a la tentación de influir en su línea editorial e informativa en propio beneficio". ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué lo "natural" es que exista un duopolio que concentra el 92% del mercado? También es menos razonable que el Estado no garantice la libertad de expresión ni el derecho a la información, mediante un medio propio, si lo tiene.
Coincidimos en que siempre habrá “tentaciones” de las autoridades para influir en la línea editorial de un medio estatal, pero eso tiene solución: un estatuto de autonomía, una ley que lo regule u otro tipo de instrumentos para garantizar el pluralismo, objetividad y transparencia necesaria. Ello requiere participación y la voluntad para ponerse de acuerdo en algunos puntos fundamentales.
¿La propiedad de Copesa es completamente independiente de todo tipo de poder como señala su publicidad? Eso dicen a sus lectores, pero rara vez han fiscalizado los intereses de sus dueños, a los cuales sólo dedican líneas sociales. La crítica al derecho exclusivo de editar el Diario Oficial es contradictoria, puesto que es un diario mayoritariamente del Estado, que en 1932 junto a la Imprenta Nacional fue entregado como patrimonio a la Empresa Periodística La Nación, justamente para que financiara el diario y no sucumbiera ante el mercado publicitario de la época, y hablamos ya en los años treinta. La garantía de pluralismo, objetividad y transparencia - considerados un bien superior para el país - es necesario financiarlos. Depender del mercado y de líneas de negocios asociadas a esta publicidad, no garantiza independencia, sólo cambia el personaje que tiene la “debilidad” de influir en sus contenidos.
Concordamos en que los miembros del directorio de La Nación se eligen sin ningún criterio conocido y los distintos proyectos editoriales que se han emprendido durante, por ejemplo, los últimos 20 años, han tenido escasas oportunidades de desarrollarse. Esto puede cambiar ahora y es el momento de hacerlo. La discusión pública se abrió y es posible dotar a este diario de un estatuto, ley o norma que lo obligue y, al mismo tiempo, lo proteja para mantener los valores superiores que su rol público le ha encomendado.
Nancy Arancibia
Presidenta
Sindicato Área Periodística del Diario La Nación
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